Por Chema Caballero Desde hace bastante tiempo, son muchos los ciudadanos de la parte anglófona de Camerún los que denuncian estar marginados con respecto a la mayoría francófona del país. Pero en los últimos meses ha habido un aumento de la tensión en la zona y las redes sociales, la mejor arma de los activistas, se han disparado. En un intento de cortar el ciberactivismo, el Gobierno ha enviado un mensaje a todos los poseedores de un teléfono móvil, en francés e inglés, con el siguiente aviso: “Estimado abonado, incurrirá en una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cinco a diez millones si publica o difunde en las redes sociales información que no puede probar”. Lo firma el ministerio de Telecomunicaciones.